Miles de familias vulnerables en Santander se encuentran en incertidumbre debido a los retrasos y la falta de coordinación en la prestación de los servicios de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A pesar de que los operadores de estos programas fueron asignados desde diciembre de 2024, las demoras en el proceso de preinscripción han impedido el inicio oportuno de la atención para los menores de seis años.
Falta de planificación afecta a la niñez vulnerable
Los servicios de primera infancia, esenciales para el desarrollo de miles de niños, dependen de un sistema de preinscripción que no ha logrado cubrir la demanda real de las comunidades. Muchas familias vulnerables enfrentan dificultades de acceso a Internet y carecen de habilidades digitales para completar los procesos de georreferenciación, lo que las coloca en desventaja frente a la implementación de estos programas.
Aunque el ICBF ha intentado difundir información a través de redes sociales, esta estrategia no ha sido suficiente, ya que una parte importante de la población beneficiaria no tiene acceso a estas plataformas digitales. Según denuncias de padres de familia y funcionarios del sector, la preinscripción debió haberse realizado el año anterior para evitar retrasos en la activación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (HCB). Sin embargo, al 4 de febrero de 2025, aún no se sabe qué entidad prestará los servicios en Santander, lo que mantiene en vilo a más de 11.000 niños que siguen sin ser asignados a un programa de atención.
Preocupaciones sobre la descentralización y continuidad del servicio
A la incertidumbre se suma la propuesta de descentralización de los servicios, que permitiría a otras entidades asumir la prestación de atención infantil. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación, pues muchas de estas entidades no cuentan con la experiencia suficiente para garantizar la calidad del servicio.
Desde 2012, cuando se crearon los primeros CDI, diversas organizaciones han trabajado constantemente en mejorar la infraestructura y condiciones de atención para los niños. Representantes de estas organizaciones advierten que trasladar la atención a colegios o priorizar los hogares comunitarios sin un estudio comparativo de sus condiciones podría afectar la calidad del servicio.
Además, los plazos de contratación generan más incertidumbre. Mientras que los operadores de los hogares comunitarios tienen contratos vigentes hasta junio de 2026, los contratos de la modalidad institucional solo están asegurados hasta septiembre de 2025. Esta diferencia dificulta la planificación y ejecución efectiva de los programas.
Exigen soluciones inmediatas
Las familias afectadas y funcionarios del sector instan al ICBF a agilizar los procesos administrativos y proporcionar información clara y actualizada. También solicitan que la planificación de los servicios se base en las necesidades reales de cada territorio y no en suposiciones administrativas que terminan afectando a los niños.
El retraso en la activación de estos programas compromete el cumplimiento de los 210 días de atención previstos y repite la historia ocurrida en 2024, cuando los servicios comenzaron hasta abril. Mientras la incertidumbre persiste, miles de niños siguen sin acceso a espacios de atención adecuados, quedando al cuidado de terceros o acompañando a sus padres en sus jornadas laborales sin recibir la atención que necesitan para su desarrollo integral.