“Desfinanciación y Delincuencia: La Urgente necesidad de reforzar la Seguridad en Santander”
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Por: Fredy Garzón @ELEDENUNCIANTEo
La delincuencia avanza y Petro recorta presupuesto
La Paz Total del gobierno de Gustavo Petro no ha logrado funcionar como se esperaba, y el constante cambio de ministros ha obstaculizado el desarrollo de programas territoriales cruciales para las regiones, incluyendo Santander.
Este desajuste ha generado atrasos y falta de una verdadera articulación institucional entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, lo que ha provocado que no se asignen los recursos necesarios para programas esenciales de seguridad.
La situación se complica aún más cuando se observa el desfinanciamiento de los programas, con una cifra alarmante de 12 billones de pesos en recortes del orden nacional. En particular, la asignación presupuestaria para la fuerza pública en los programas de Convivencia Ciudadana del gobierno Petro ha sido recortada en 785 mil millones de pesos.
En Santander, la situación de seguridad se ha vuelto crítica. Los recursos del Fondo de Seguridad Departamental son insuficientes, con un presupuesto anual de solo 9 mil millones de pesos. Mientras tanto, grupos armados y criminales siguen avanzando en la región, con la presencia activa de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas.
Estos grupos controlan actividades como el microtráfico, el “gota-gota” y otras economías informales en Bucaramanga y su área metropolitana (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. A esta situación se suma el intento de carteles de droga mexicanos, con miembros con circular roja, de establecerse en el departamento.
Radiografía de la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Santander
La Policía de Santander cubre 78 municipios, lo que representa el 96,8% del territorio departamental, con 715.000 habitantes, de los cuales el 83% vive en la zona rural. El resto de la región es cubierta por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
La situación de hacinamiento en las estaciones de policía es alarmante. En el área metropolitana, hay un hacinamiento del 553% con personas retenidas por distintos tipos de delitos. Este hacinamiento afecta directamente a la seguridad, pues 65 policías de cada 100 están destinados a controlar esta situación, en lugar de estar en las calles brindando seguridad ciudadana. Ante esto, se requiere la construcción de Centros de Detención Transitoria para evitar que los detenidos permanezcan en las estaciones de policía.
Además, se hace urgente el fortalecimiento de la Policía del Magdalena Medio, que cubre municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches, azotados por la violencia. En algunos casos, los policías deben vivir en condiciones precarias, como en el municipio del Peñón, donde los agentes habitan la antigua morgue. Por otro lado, el parque automotor de la Policía no solo tiene la función de prestar seguridad, sino también de ofrecer servicios de salud y transporte de heridos, lo que requiere de una urgente modernización.
La red de comunicaciones de la Policía necesita ser modernizada y optimizada, y se hace indispensable la implementación de infraestructura para la seguridad pública, como canchas y parques, además de los Centros de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES), que han sido implementados con éxito en otros departamentos del país, pero que aún no se han materializado en Santander por la falta de voluntad política de algunos actores.
Fortalecimiento de la Seguridad Multidimensional y Convivencia Ciudadana en Santander
En medio de este complejo panorama, el Proyecto de Ordenanza 019/2025, que busca fortalecer la “Seguridad Multidimensional y la Convivencia Ciudadana” en Santander, está en curso en la Asamblea Departamental. Este proyecto tiene como objetivo dar cumplimiento al Plan de Desarrollo de Santander “Es Tiempo de Santander” (Eje Seguridad Multidimensional) y, en cierta medida, corregir los errores del gobierno nacional en cuanto a seguridad y convivencia. La iniciativa propone una tasa especial temporal para financiar la seguridad, ya implementada en otros departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Sucre, Bolívar y Antioquia.
La tasa, que se aplicaría sobre el servicio público de energía eléctrica en los estratos 4, 5 y 6, así como en los usuarios industriales, comerciales y oficiales, tiene una proyección estimada de $335.706.480.430. Estos recursos se destinarían a mejorar la infraestructura de seguridad, optimizar la movilidad, rehabilitar la infraestructura vial, y generar espacios públicos seguros. La tasa temporal estaría vigente entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.
En Santander, de los 907.351 suscriptores del servicio de energía eléctrica, el 75,67% (estratos 1, 2 y 3) estaría exento de esta tasa, mientras que el 14% (estratos 4, 5 y 6, así como usuarios industriales, comerciales y oficiales) contribuiría al fortalecimiento de la seguridad. Sin embargo, la medida ha sido rechazada por algunos sectores políticos de izquierda, que critican la carga sobre los estratos más altos y el sector comercial.
Palos a la Rueda
A pesar de la necesidad de aumentar los recursos para la seguridad, la propuesta ha generado controversia. Algunos actores políticos en la Asamblea de Santander y el Concejo de Bucaramanga se oponen al Proyecto de Ordenanza, acusando al gobierno de cargar con el costo de la seguridad sobre los estratos más altos. Estos mismos actores, que históricamente han cuestionado a los estratos 4, 5 y 6, ahora se presentan como defensores de los santandereanos, pero no hacen mención de las declaraciones del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien propone que estos mismos estratos paguen las deudas del gobierno en materia energética debido al mal manejo de recursos públicos por parte de la administración de Petro.
El Proyecto de Ordenanza ha superado el primer debate en la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público, pero aún debe pasar por un segundo debate antes de ser aprobado definitivamente por la Asamblea Departamental. Mientras tanto, la situación de seguridad sigue siendo grave, y la ciudadanía exige soluciones efectivas.
Consideraciones Finales
Es crucial revisar la aplicación de la contribución para los comerciantes que tienen establecimientos en los estratos 1, 2 y 3, para evitar que esta medida afecte la economía local de los más vulnerables. Sin embargo, en el contexto actual, con la delincuencia en aumento y la incapacidad del gobierno nacional de asegurar los recursos necesarios, el reto es encontrar un balance entre la necesidad urgente de recursos para la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La seguridad en Santander requiere de una acción urgente, recursos suficientes y voluntad política para fortalecer las instituciones y combatir la delincuencia. Solo con un compromiso conjunto entre las autoridades nacionales, regionales y locales, y el apoyo de la comunidad, se podrá avanzar hacia la paz y la convivencia en el departamento.
