
Por Martín Parra
Bucaramanga, abril 7 de 2025
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta una creciente ola de cuestionamientos políticos por posibles conflictos de interés y extralimitación de funciones en su gestión al frente de la cartera.
Los focos de atención se centran en su círculo familiar: su esposa, la médica cirujana Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, ocupa actualmente el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud en la Superintendencia Nacional de Salud, un ente que trabaja directamente con el Ministerio que lidera Jaramillo. Esta situación ha despertado inquietudes en sectores políticos y jurídicos que ven en esta coincidencia un posible choque de intereses entre el rol regulador de la Superintendencia y las políticas del Ministerio.
Aunque el ministro reconoció en su declaración de conflicto de intereses que su cónyuge ejerce funciones dentro del sector, las críticas no cesan. Varios analistas advierten que, al tratarse de organismos con relación funcional directa, la presencia simultánea de ambos en cargos de decisión podría afectar la transparencia institucional.
Pero no es el único frente abierto para Jaramillo. En febrero pasado, Carlos Ariel Rodríguez, exinterventor del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó (Chocó), denunció públicamente que el ministro le dio instrucciones directas sobre cómo administrar los recursos del centro hospitalario, a pesar de que su superior jerárquica era, precisamente, la superintendente Gómez. Rodríguez acusó al ministro de haberlo presionado y amenazado con el retiro de recursos si no acataba órdenes políticas, hecho que fue interpretado como una posible extralimitación de funciones.
A este episodio se suma una reciente sanción judicial. En diciembre de 2024, un juez penal de Bogotá ordenó tres días de arresto domiciliario y una multa de tres salarios mínimos contra el ministro Jaramillo por desacatar una orden de tutela de la Corte Constitucional que le exigía suspender la comercialización de productos químicos agrícolas con clorpirifós, un compuesto considerado nocivo para la salud pública.
Finalmente, en el terreno político también se ha señalado que uno de sus hijos ocupa un cargo en ProColombia, la entidad estatal encargada de promover exportaciones, turismo e inversión extranjera. Aunque hasta el momento no se conocen denuncias formales sobre este nombramiento, la oposición lo ha mencionado como un posible ejemplo de “rosca familiar” dentro del Gobierno Petro.
La situación ha encendido alarmas en diversos sectores que reclaman mayor vigilancia sobre el ejercicio del poder público. Aunque el ministro Jaramillo aún cuenta con el respaldo del Presidente, las tensiones dentro del Congreso y los sectores de control podrían derivar en nuevas investigaciones disciplinarias o políticas.
Por ahora, el país observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, en un contexto donde la ética en la función pública sigue siendo una exigencia fundamental para la ciudadanía.