
En la audiencia celebrada este 23 de enero de 2025, se dio a conocer que Nicolás Gutiérrez, acusado de causar el accidente que resultó en la muerte de Camilo Andrés Carrillo Ortiz, fue trasladado a una estación de policía en Bochalema, Norte de Santander.
Este traslado, que se habría realizado sin el conocimiento de la jueza Kelly Johana Urquijo Manosalva, encargada del caso, ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el manejo del proceso judicial. Diversos sectores de la comunidad han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en este procedimiento, exigiendo una investigación a fondo para esclarecer las razones detrás de esta decisión.
Contexto del caso
Camilo Andrés Carrillo Ortiz, de 26 años, perdió la vida la madrugada del lunes 6 de enero de 2025 en un accidente de tránsito ocurrido en Ocaña, Norte de Santander. Según las investigaciones iniciales, Carrillo fue atropellado por una camioneta conducida por Nicolás Gutiérrez.
El siniestro ocurrió mientras Carrillo regresaba de una reunión con amigos que había invitado desde Bucaramanga para celebrar las festividades de carnavales en Ocaña. Gutiérrez, quien presentaba un grado 3 de alcoholemia en el momento del incidente, fue imputado por homicidio agravado, daño en bien ajeno y lesiones personales culposas, cargos que no aceptó durante la audiencia inicial.
Camilo Carrillo Ortiz, conocido en la región por su participación activa en la política, fue candidato al Concejo de Bucaramanga por el partido Centro Democrático, lo que ha incrementado la atención mediática y ciudadana sobre el caso.
Polémicas y denuncias
El traslado de Gutiérrez a la estación de Bochalema, fuera de la jurisdicción donde se llevan a cabo las audiencias, ha levantado sospechas sobre posibles influencias externas en el caso. Familiares de la víctima y miembros de la comunidad han señalado inconsistencias en el manejo de pruebas y procedimientos, exigiendo mayor vigilancia para garantizar un proceso judicial justo.
Organizaciones sociales y usuarios en redes sociales han expresado su indignación, destacando que este tipo de irregularidades perpetúan una percepción de impunidad y abuso de poder en el sistema judicial colombiano.
El caso, que ha sido comparado con otros procesos judiciales polémicos en el país, sigue en desarrollo, con la expectativa de que las autoridades pertinentes aclaren los hechos y garanticen justicia para la familia de Camilo Carrillo.