La presencia de empresas venezolanas en Colombia es una realidad en constante crecimiento. De acuerdo con el abogado y economista Juan Manuel Navarro, más de 100 empresas provenientes del vecino país ya operan en Colombia, entre ellas firmas reconocidas como Farmatodo y el Grupo Polar, dos gigantes en el sector farmacéutico y de alimentos, respectivamente.
Navarro, quien comparte análisis económicos y jurídicos en su espacio digital Dato y Relato, también se refirió a un tema de gran interés público: la relación entre la migración venezolana y la seguridad ciudadana en Colombia. Según un derecho de petición enviado por él a la Policía Nacional, la entidad le respondió que de cada 100 delitos cometidos en el país, solo 5 son atribuidos a ciudadanos venezolanos. Este dato contrasta con la percepción que en ocasiones se genera en el debate público, donde se magnifica la participación de extranjeros en actividades delictivas.
El fenómeno migratorio, sin embargo, no es unidireccional. Así como miles de venezolanos han llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades, también hay un flujo constante de jóvenes colombianos que emigran a diferentes partes del mundo con el mismo propósito. La movilidad humana ha sido una constante en la historia reciente de ambas naciones y, en muchos casos, se traduce en oportunidades de crecimiento económico y social tanto para los migrantes como para los países receptores.
Los datos aportados por Navarro invitan a una reflexión sobre la integración económica y social de los migrantes en Colombia. Empresas venezolanas que se establecen en el país generan empleo y dinamizan el comercio, mientras que los migrantes colombianos en el exterior también buscan insertarse en nuevas economías.
La discusión sobre migración y seguridad requiere un análisis basado en cifras concretas, alejándose de prejuicios y generalizaciones. Como lo señalan las estadísticas de la Policía Nacional y la realidad empresarial en Colombia, la migración es un fenómeno complejo que debe comprenderse en su totalidad para fomentar políticas públicas equilibradas y justas.